Andalucía contó históricamente con una Fundación y un Banco de Precios de la Construcción, que fue pionero en España en la valoración y seguimiento de los costes de las principales unidades de obra. Este Banco se caracterizaba por un análisis riguroso y sistemático, actualizado anualmente y difundido entre Administraciones y empresas, constituyendo un instrumento esencial para la gestión eficiente de la contratación pública y privada.
Asimismo, su credibilidad era indiscutible, siendo los datos ofrecidos por el Banco de Precios referencia habitual para la Junta de Andalucía y para numerosas entidades locales, en la elaboración y licitación de sus proyectos.
La crisis económica iniciada en 2008, y la consiguiente reducción de licitaciones, provocaron el abandono progresivo de su actualización, hasta quedar obsoleto y ser sustituido por otros Bancos de Precios o similares de otras Comunidades Autónomas, destacando Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, creados a partir del modelo andaluz, con el apoyo de los Colegios de Arquitectos y Colegios de Arquitectos Técnicos correspondientes.
Posteriormente, la paulatina recuperación económica tras la citada crisis, especialmente lacerante en el sector de la construcción y en el ámbito inmobiliario, volvió a poner de manifiesto la necesidad de actualizar el Banco de Precios, verdadero referente en la contratación pública. Y aún más tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, cuya regulación de las modificaciones contractuales es extremadamente rígida y limitativa ante incrementos de precios.
La irrupción de la pandemia del COVID-19 agravó nuevamente la situación contractual, generando una profunda inseguridad para las empresas contratistas en sus previsiones técnicas y económicas, así como en sus fórmulas de contratación y dotaciones presupuestarias.
Pero, sin lugar a dudas, ha sido el desbocado incremento de los precios de las materias primas desde mediados de 2021 el factor que más ha neutralizado la determinación real de los precios de los contratos públicos, especialmente los relativos a obras de construcción, consolidando la obsolescencia absoluta del Banco de Precios.
Desde entonces, el incremento sostenido y excesivo de precios, aún sin estabilización y claramente desproporcionado respecto al IPC, unido al encarecimiento energético y de combustibles, ha provocado que numerosas licitaciones públicas queden desiertas, al resultar económicamente inviables para las empresas. Además, esta situación ha generado paralizaciones y ralentizaciones de obras en ejecución, al mantenerse referencias de precios completamente obsoletas.
A ello se suma el encarecimiento de la mano de obra, motivado tanto por los incrementos salariales derivados de los Convenios Colectivos, como por la escasez de personal cualificado, lo que incrementa el valor de la oferta al reducirse la capacidad de respuesta de las empresas frente a la demanda real.
La conjunción de estos factores conduce inexorablemente a la imperiosa y urgente necesidad de actualizar el Banco de Precios, resultando insuficiente y desfasada su última revisión.
Con ello, no solo se dará cumplimiento a lo previsto en el art. 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), sino que se contribuirá a dotar de seguridad jurídica y certeza económica tanto a las empresas contratistas como a las Administraciones Públicas, en el desarrollo de sus competencias en materia de contratación.
Contar con una Base de Precios profesional, objetiva, completa y actualizada es indispensable para que la construcción pública en Andalucía disponga de garantías de cumplimiento en tiempo y coste final, evitando que suponga una amenaza para todos los agentes del sector. En el contexto actual, la falta de actualización provoca merma de la calidad constructiva y arquitectónica, así como conflictividad contractual, precariedad laboral, económica y social en los colectivos intervinientes.
Con esta finalidad, los principales organismos representativos del sector de la construcción, FADECO, CACOA y CACOAAT, han convenido en la elaboración de unas bases actualizadas de precios de materiales y unidades de obra, a fin de permitir una urgente actualización del Banco de Precios, e incluso establecer premisas para futuras revisiones más ágiles, rápidas y sencillas, garantizando su vigencia y utilidad como herramienta estratégica para el sector.